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“Creemos que el Gobierno ha dado un paso sensato a favor del desarrollo con la derogación del Decreto 1937 y de las resoluciones de la Seam que prácticamente habían paralizado nuevos emprendimientos agropecuarios en el Chaco”, expresó Juan Néstor Núñez, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Añadió que la ARP y todos los sectores agrupados en la Unión de Gremios de la Producción (UGP) habían venido sosteniendo que la legislación fitosanitaria y de protección medioambiental en el Paraguay es amplia y de vasta cobertura, como la Ley 2459/04, que crea el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal, institución del Estado responsable de regular el uso y manejo seguro de los productos fitosanitarios. Dicha ley establece claramente la misión, objetivos y funciones del Senave y su rol de única autoridad de aplicación en el área de plaguicidas e insumos para la agricultura.
Además, la Ley Nº 123/91, “Que adopta nuevas formas de protección fitosanitaria”; la Ley Nº 385/94, conocida como “Ley de Semillas y Protección de Cultivares”; la Ley 1561/00, que otorga a la Seam responsabilidad en la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. “Todas estas leyes están en absoluta vigencia y solo hay que hacerlas cumplir”, expresó Núñez. “Felizmente, el Gobierno pudo encontrar las incongruencias de las que padecía el Decreto 1937, subsanándolas con su derogación”, agregó. Finalmente, recordó que aunque el panorama de la economía es muy desfavorable para este año, el 2010 puede ser el de la recuperación. “Para ello necesitamos tener vía libre para las inversiones, que permitirán impulsar una nueva etapa de desarrollo del país”, acotó.
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